Representantes de las comunidades de regantes de la provincia de Cádiz han pedido a las administraciones públicas que pongan en marcha ayudas directas para paliar el impacto económico que esta viviendo este sector, afectado por las restricciones de agua en la cuenca del Guadalete-Barbate debido a la sequía, al considerar que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de España les han puesto «ningún tipo de solución económica encima de la mesa».

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa celebrada este lunes en Jerez de la Frontera, los regantes gaditanos han alertado de que estas restricciones han hecho que la capacidad productiva haya pasado «del 50% al 25%», y que esto va a tener «un impacto tremendo» en las zonas regables y «va a mandar al paro a muchísimas familias».

A ese respecto, José Miguel López, vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, ha denunciado que las administraciones que gestionan los recursos hídricos les hayan planteado «unas restricciones en el mes de octubre y esto se transforme en otras todavía más fuertes en el mes de febrero». «No nos parece serio», ha advertido sobre esto, lamentando de nuevo que «lo único que se haga sea restringir» y que las administraciones competentes «no pongan ningún tipo de ayudas encima de la mesa».

Ante eso ha defendido que como comunidad de regantes «tienen las herramientas» para «controlar el agua» que consumen pero «no la capacidad de paliar el impacto que esto va a tener de pérdida cada regante». En concreto, ha establecido que hay «más de 10.000 familias» que dependen directa e indirectamente del campo, por lo que «entendemos que la Junta tendrá que poner medio y mecanismos que tenga en su mano para intentar paliar esto».

López ha explicado que en la provincia no se contempla la instalación de desaladoras de agua pero que «hay reservas suficientes» en los pantanos para abastecer de agua a la población durante «dos años». Es por eso que ha mostrado su incomprensión a que la Junta «mantenga la presión» a este sector y no se limite la capacidad de producción a otros como el del turismo.

«No tenemos nada en contra del turismo. Entendemos que es un motor económico, igual que podemos ser nosotros, y que tiene un impacto sobre el PIB de la provincia bastante importante. Pero no nos parece serio que los recortes solo vengan para nosotros», ha manifestado.

En la rueda de prensa también han puesto el foco en la antigüedad que tienen las infraestructuras hídricas de la zona, con canales que datan «del año 1936» y de los años 50, que «están tirando una cantidad ingente de agua que nadie controla», en los riegos ilegales que han detectado en esta cuenca, sobre todo en hectáreas de olivo superintensivo y de almendro, y en las captaciones de agua, también «ilegales» en el acuífero del Tempul o en el río Guadalete.

«Nosotros hacemos nuestro trabajo en condiciones, tenemos comunidades de regantes que están modernizadas y miramos por el agua como recurso nuestro fundamental, porque sin ella no podemos hacer absolutamente nada, y vemos nuestras dotaciones y nuestra capacidad productiva copada y, en algunos casos, casi anulada, cuando por ahí hay gente que está regando y no tienen restricción alguna», ha denunciado.

En la convocatoria han participado representantes de la Comunidad de Regantes de Guadalcacín, de Costa Noroeste, de Monte Algaida, de la Margen Derecha Guadalete y de la Margen Izquierda Guadalete.