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Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando (Cádiz) a nueve personas por su integración en una organización delictiva, dedicada a la comisión de estafas, por todo el territorio nacional, a través de Internet por el conocido como métido smishing. Se estima que el dinero obtenido mediante la ejecución de su plan delictivo podría superar los 500.000 euros.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los detenidos son los presuntos autores de otros delitos como el blanqueo del dinero obtenido y falsificaciones documentales. Con su modus operandi, se le imputan aproximadamente 50 denuncias repartidas por todo el territorio nacional.

El método empleado por los integrantes de la organización era muy sofisticado pese a la corta edad de los estafadores. Se trata de una modalidad delictiva conocida como smishing, mediante la cual los autores de los hechos, gracias a programas informáticos por los cuáles han efectuado un pago previo, envían mensajes de texto de forma masiva a numerosas personas, haciéndoles creer mediante dicho texto que se trata de un mensaje de la entidad bancaria de las víctimas.

Una vez las víctimas abren el enlace enviado y acceden a su cuenta online, los estafadores adquieren el control de dicha cuenta, ya que realmente la víctima no estaba accediendo a la página web de su entidad bancaria, sino que lo estaban haciendo a una página creada por los autores de los hechos, con apariencia de real y que les permite obtener todos los datos bancarios de las víctimas.

En ocasiones, los estafadores no adquieren en esa primera fase todos los datos necesarios para poder cometer la estafa, ya que algunas entidades bancarias establecen mecanismos de doble verificación para evitar las estafas. Para paliar tal dificultad, establecen un contacto telefónico con las víctimas, simulando ser agentes de la entidad bancaria, y advierten a la víctima de que están siendo víctimas de unos cobros fraudulentos en su cuenta bancaria y que para evitar que estos cobros se materialicen deben de facilitar los datos que sean solicitados por el supuesto agente bancario.

Una vez que la víctima facilita esos datos, los estafadores sí que adquieren el control absoluto de las cuentas de la víctima. El gran problema que se plantea por el hecho de que cuando los estafadores realizan la llamada a la víctima, alegando ser un agente bancario, lo hacen con un número de teléfono perteneciente al de la entidad bancaria, por lo que si la víctima en esa primera toma de contacto ha tenido alguna sospecha de que podría encontrarse ante una estafa y consulta el número llamante, le saldrá que ese número pertenece a su banco.

Esta investigación se inició hace aproximadamente nueve meses en la Comisaría de San Fernando. En dicha fase inicial, se procedió a la detención de un individuo, siendo la información obtenida clave para la continuación de la investigación. Así, tras meses de investigaciones y de análisis de la información obtenida, la Policía pudo concluir quiénes eran los autores de tales hechos, que además de llevar a cabo las estafas por la modalidad indicada, llevaban a cabo una importante labor de blanqueo del dinero ilícitamente obtenido, al objeto de insertarlo en el cauce legal.

Para ello resultaba fundamental la labor de integrantes secundarios de la organización, pero con un papel muy importante, ya que aperturaban distintas cuentas de criptomonedas, entre las cuáles realizaban numerosas operaciones que dificultaban el seguimiento policial. En otras ocasiones realizaban inversiones o apuestas. Todo ello, con las finalidades indicadas de dificultar el rastro a los investigadores o de lavar el dinero obtenido de manera ilícita.

Una vez que el grupo de delitos tecnológicos de la Comisaría de San Fernando dispuso de las pruebas necesarias y en colaboración con la fiscalía especializada en criminalidad informática y el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de San Fernando, se solicitó la entrada y registro en los domicilios de los cuatro integrantes principales de la organización.

Ahí, obtuvieron numerosas pruebas incriminatorias, como los terminales móviles y equipos informáticos empleados para llevar a cabo la actividad delictiva, vehículos, relojes y aparatos tecnológicos de alta gama, así como una cantidad de dinero en efectivo cercana a los 15.000 euros.

Al margen del dinero en efectivo localizado en los registros, se tiene conocimiento de que los principales líderes de la organización almacenan el dinero obtenido gracias a la actividad defraudatoria en wallets o carteras virtuales, al objeto de dificultar la localización del mismo por parte de los investigadores.

Tras la puesta a disposición de los cuatro detenidos ante la Fiscalía especializada en Criminalidad Informática y ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de San Fernando, se decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza de cuatro de los nueve detenidos.